México cerró el Mundial con récord de apuestas y la ley de 1947
México pasó el examen. Entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, el país fue sede de la Copa Mundial de la FIFA junto a Estados Unidos y Canadá, y la industria del juego respondió con el mayor volumen operativo de su historia. Lo que no cambió durante esas cinco semanas fue el marco jurídico que ordena esa actividad. La Ley Federal de Juegos y Sorteos, promulgada en diciembre de 1947 y administrada por la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, sigue siendo el mismo texto que se redactó cuando no existían internet, los teléfonos móviles ni los sistemas de pago electrónico.
Los datos que dejó la competencia provienen de la propia asociación sectorial. Miguel Ángel Ochoa Sánchez, presidente de la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta, explicó que varios operadores registraron crecimientos de entre 30% y 40% respecto de su demanda cotidiana en los momentos pico del torneo, y que en el acumulado de las cinco semanas prácticamente duplicaron su base de clientes, no solo su volumen de apuestas.
El cambio más significativo se dio en el producto. Las apuestas en vivo, aquellas que se colocan mientras el partido está en curso, crecieron entre 60% y 150% según el operador. La incorporación de pausas de hidratación en los encuentros abrió ventanas adicionales para que los usuarios operaran durante el juego, y la infraestructura tecnológica del sector absorbió ese volumen sin quiebres. Algunas empresas reportan hoy más de 70 mil combinaciones de apuesta disponibles por partido, un nivel de granularidad que solo se sostiene con inteligencia artificial y procesamiento masivo de datos en tiempo real.
Ochoa Sánchez destacó que México figuró entre los mercados más activos del mundo para las plataformas internacionales durante el torneo, y que la actividad se mantuvo elevada incluso después de la eliminación de la Selección Mexicana, sostenida por el seguimiento de las fases finales. Para dimensionar la expectativa previa, H2 Gambling Capital había proyectado unos 2.500 millones de dólares en apuestas desde México durante el Mundial, considerando únicamente casas de apuestas legales, una cifra apenas por debajo de los 2.900 millones proyectados para Estados Unidos pese a la diferencia de tamaño entre ambos mercados. El reto que la industria identifica ahora ya no es de capacidad sino de retención.
El principal vacío del marco regulatorio mexicano es conceptual y no se ha movido. No existen licencias exclusivas para operar juegos de azar únicamente en línea. Toda plataforma digital debe estar vinculada a un permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación a un establecimiento físico, y los operadores extranjeros que quieren entrar al mercado necesitan constituir una entidad legal local y asociarse con un permisionario ya autorizado. Ese modelo produjo un ecosistema de intermediación donde operadores internacionales pueden adherirse a permisos de terceros sin pasar por una evaluación directa de la autoridad.
La consecuencia está cuantificada. La asociación calcula que más del 60% de las apuestas online que realizan los mexicanos se ejecutan en plataformas que operan desde el extranjero, fuera del marco regulatorio nacional y sin contribuir al fisco mexicano. Es una asimetría competitiva que castiga precisamente a quien cumple.
La reforma lleva años anunciada. La Secretaría de Gobernación abrió mesas de trabajo con la industria a lo largo de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó públicamente en noviembre de ese año que la ley se actualizaría para incorporar el juego digital y reforzar la vigilancia financiera, y el proyecto llegó a su etapa de redacción final. En paralelo, legisladores presentaron sus propias iniciativas, la más ambiciosa de las cuales propone sustituir por completo el texto de 1947 y crear el Instituto Nacional de Juegos y Sorteos, un órgano con autonomía técnica y operativa que reemplazaría a la actual Dirección General, con facultades expresas para auditar establecimientos en tiempo real y para bloquear y sancionar plataformas digitales sin licencia. Nada de eso está aprobado. La industria recuerda que desde 1997 se han presentado más de una decena de iniciativas de reforma sin que ninguna prosperara.
Donde sí hubo un cambio material fue en lo fiscal. El 7 de noviembre de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en vigor desde el 1 de enero de 2026, que elevó del 30% al 50% la tasa aplicable a juegos con apuestas y sorteos. Por primera vez la ley grava de manera específica los juegos con apuestas y sorteos digitales ofrecidos tanto por residentes en México como por extranjeros, a través de internet, medios electrónicos o plataformas digitales de intermediación, y alcanza a los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente cuando el receptor del servicio se encuentra en territorio nacional. El incumplimiento habilita sanciones que llegan hasta el bloqueo temporal del acceso a los servicios digitales del prestador, con publicación del nombre y la fecha de bloqueo en el portal del Servicio de Administración Tributaria.
El paquete incorporó además obligaciones tecnológicas de fondo. Los prestadores de juegos digitales deben operar un sistema central de apuestas que registre y totalice todas las transacciones, un sistema de caja y control de efectivo, y un mecanismo que entregue al fisco información en línea y en tiempo real de ambos registros. Es, en los hechos, un régimen de supervisión fiscal moderno montado sobre una ley sustantiva de hace casi ochenta años.
La Secretaría de Hacienda estimó una recaudación adicional superior a 5.000 millones de pesos en 2026 por este incremento. La industria discrepa del cálculo y advirtió desde la aprobación en el Senado que la medida encarece la operación, pone en riesgo la viabilidad de las empresas más pequeñas y desalienta la inversión nacional y extranjera. Su argumento central es de comportamiento del consumidor. Un operador legal que absorbe una carga del 50% ajusta momios y recorta bonificaciones para sostener su margen, y esa diferencia de precio es exactamente el incentivo que empuja al jugador hacia plataformas offshore que no pagan nada. La comparación regional refuerza el punto, aunque debe leerse con cuidado porque cada jurisdicción define su base gravable de manera distinta. Brasil aplica 12% sobre el GGR, Colombia 15% y Perú 12%, mientras que en México la tasa del IEPS opera sobre el valor de las apuestas conforme a las reglas de la propia ley.
Más allá de la reforma pendiente hay tres expedientes activos. El primero es de transparencia. El 13 de mayo de 2026 el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez presentó ante la Comisión Permanente una proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a publicar en formato de datos abiertos la totalidad de los permisos vigentes de casinos y casas de apuestas, a desglosar por entidad federativa qué establecimientos operan, cuáles están suspendidos y cuáles fueron clausurados en los últimos cinco años, y a divulgar el universo completo de plataformas electrónicas autorizadas. El contexto que citó el legislador es que la Auditoría Superior de la Federación documentó 5.336 permisos emitidos para juegos con apuestas entre 2019 y 2023.
El segundo es judicial. El 14 de julio de 2026 la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó en lista el amparo en revisión 257/2025, promovido por IGT-Mexicana de Juegos, suspendiendo la discusión de un proyecto que avalaría las restricciones impuestas al Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos en 2023, incluida la prohibición de instalar máquinas tragamonedas en nuevos establecimientos, el endurecimiento de las condiciones para expedir permisos, la reducción de su vigencia y la eliminación de la figura del operador. Varios tribunales colegiados ya habían declarado inconstitucionales esas reformas, otorgando amparos que la autoridad está obligada a acatar, de modo que un eventual aval consolidaría un mercado de dos velocidades según el resultado judicial de cada compañía. El tercer frente es reputacional. La proximidad de la evaluación del GAFI colocó al sector bajo escrutinio adicional en materia de prevención de lavado de dinero, después de que la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueara cuentas de trece establecimientos físicos y digitales en noviembre de 2025 y de que la OFAC estadounidense sancionara a personas y empresas vinculadas a casas de apuestas mexicanas.
El Mundial demostró algo que suele quedar fuera del debate regulatorio. La capacidad de procesar millones de transacciones por minuto, de gestionar decenas de miles de mercados por partido y de sostener apuestas en vivo con latencia mínima no la aporta el operador solo. La aportan las plataformas tecnológicas, los proveedores de contenido, los procesadores de pago integrados al SPEI y a la banca mexicana, las soluciones de identificación adaptadas al mercado local, los proveedores de datos deportivos y las consultoras legales especializadas en la normativa de la Secretaría de Gobernación. Con el nuevo régimen del IEPS exigiendo reporte en línea y en tiempo real, la elección de proveedor tecnológico dejó de ser una decisión de producto para convertirse en una decisión de cumplimiento.
La industria formal opera hoy con 423 casinos en 30 entidades federativas bajo 38 empresas permisionarias, más alrededor de 80 plataformas de apuestas en línea reconocidas, genera cerca de 200 mil empleos directos e indirectos y aporta aproximadamente 0,5% del Producto Interno Bruto, según cifras de la asociación. Lo que sigue pendiente es el marco que esa escala merece, con licencias online directas en lugar de adhesión a permisos de terceros, un régimen fiscal que haga rentable la formalización en vez de expulsarla, un regulador con capacidad técnica real para auditar y sancionar, y un registro público que permita a cualquier ciudadano saber con quién está apostando. El período ordinario de sesiones del Congreso que arranca en septiembre es la próxima ventana concreta. Si la iniciativa no avanza, el mercado seguirá creciendo de todos modos, solo que la mayor parte de ese crecimiento continuará ocurriendo donde el Estado mexicano no puede verlo, gravarlo ni proteger a quien juega.
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