Panamá quiere llevar la lotería clandestina al Código Penal
Panamá quiere que vender lotería por fuera del sistema deje de ser una falta administrativa y pase a ser un delito. Dos anteproyectos de la Lotería Nacional de Beneficencia ya están en el Ministerio de Economía y Finanzas, y ambos incorporan al Código Penal las prácticas asociadas al mercado clandestino y, en paralelo, reemplazan normas que rigen desde 1969 y 1970 por un esquema ajustado al mercado actual.
El cambio de fondo está en el tratamiento judicial. Hasta ahora las irregularidades se resolvían por la vía administrativa y con multas que no alcanzaron para frenar la informalidad. La nueva redacción busca convertir en delito la venta de productos de lotería sin permiso y los abusos del mostrador, con tres figuras en la mira, el sobreprecio, el despacho clandestino de chances y el condicionamiento que en el país llaman casado u one two, por el cual el vendedor obliga al comprador a llevarse rifas informales o números determinados junto con el billete.
El argumento económico detrás del paquete es la caja perdida. Los cálculos oficiales ubican entre US$200m y US$300m anuales el daño al Tesoro Nacional por la competencia de la lotería informal. Ese desplazamiento tiene además un reflejo operativo visible en los números de la propia institución, porque la devolución de billetes sin colocar oscila entre un 37 y un 40 por ciento de la emisión, con sobrecostos logísticos que la entidad no recupera.
Aun con ese nivel de devolución, la lotería estatal sigue girando más de US$108m por año, repartidos entre el Estado y los programas de asistencia social. Las autoridades de la entidad calculan que esos retornos hacia la beneficencia pública podrían llegar a duplicarse si el circuito ilegal quedara fuera de juego.
El segundo eje del paquete es normativo. La reforma plantea derogar por completo los Decretos de Gabinete N.° 224 de 1969 y N.° 57 de 1970, que la administración considera desfasados frente a la dinámica comercial de hoy. El recorrido institucional empieza en el Ministerio de Economía y Finanzas, que hará la revisión técnica, sigue en el Consejo de Gabinete y recién después llegará a la Asamblea Nacional, donde se definirán las penas concretas para los infractores.
La iniciativa sigue la línea que varios reguladores de la región adoptaron en los últimos meses, al pasar del expediente administrativo a la figura penal para perseguir el juego sin licencia, un camino que Colombia y Brasil también exploran con proyectos propios. Lo que el paquete panameño no aborda es la otra lectura posible de ese 37 por ciento a 40 por ciento de billetes sin vender, que no mide solamente la presión del circuito ilegal sino también el rendimiento de la red de distribución y el atractivo comercial del producto frente a las alternativas de juego que hoy conviven con él.
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